Resolución 956/18: Preparen, apunten…

Resolución 956/18: Preparen, apunten…

13 diciembre, 2018 0 Por Matías Rodríguez

El gatillo fácil aparece como un mecanismo de control social extremo que se aplica fundamentalmente contra la juventud de las barriadas del pueblo trabajador.

Frente a un panorama desalentador para las próximas elecciones presidenciales que incluye altos niveles de inflación, recesión, más ajustes en educación, salud, trabajo y vivienda, el gobierno de Mauricio Macri volvió a generar controversias luego de dar luz verde a la resolución 956/18 que regula el uso de armas de fuego en manos de las fuerzas de seguridad. En consecuencias, diferentes organismos de derechos humanos, al igual que funcionarios públicos y parte de la sociedad argentina, salieron al cruce de la misma.

Dentro de este marco -crisis económica y social- se debe comprender la reciente legalización de la “Doctrina Chocobar”. La misma autoriza a utilizar armas de fuego a las fuerzas federales ante cualquier peligro “inminente”. Así, ofreciendo impunidad para los efectivos que tiren a matar, el Gobierno de vía libre al gatillo fácil. De esta manera, el gatillo fácil aparece como un mecanismo de control social extremo que se aplica fundamentalmente contra la juventud de las barriadas del pueblo trabajador.

Desde 1983 hasta hoy, el gatillo fácil estuvo presente en todos los gobiernos, aún en los que discursivamente defendían los derechos humanos. Sin embargo, para diciembre de 2017 el número de víctimas de esas práctica de las fuerzas represivas del Estado llegó a 5.462. Además, según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) durante ese mismo año murieron alrededor de 146 personas en hechos de violencia con participación policial solo en la Ciudad de Buenos Aires. 

Frente a una primera lectura, la resolución tiene dos miradas: Por un lado, en un contexto de crisis económica, busca preparar el terreno para una mayor represión y criminalización de la protesta y la pobreza. Por el otro, una mirada electoral; tomando nota de la repercusión a favor que tomó Jair Bolsonaro en Brasil, el macrismo hace demagogia de mano dura para buscar ganar una base electoral montada sobre prejuicios acerca de los pobres, dejando de lado que gran parte de los delitos son realizados en ayuda de las fuerzas federales. A eso hay que sumarle todos los casos relacionados al narcotráfico, juego clandestino y trata de personas.  

Sin embargo, para funcionarios del Ministerio de Seguridad el nuevo reglamento no modifica el empleo de armas ante manifestaciones o protestas públicas, ya que continúa vigente la normativa que establece el uso de armas no letales para esos casos. En este sentido, el nuevo Reglamento afirma que “se hará uso de las armas de fuego cuando resulten innecesarios otros medios no violentos, en casos como en defensa propia o de otras personas, en caso inminente de muerte o lesiones graves” y “para impedir delitos particularmente graves, que presente peligro la vida de una persona o varias”. La medida también aplica para detener a quien “represente peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”.  

La sanción de esta resolución no solo despertó polémica, sino que generó el rechazo por parte de varios grupos de derechos humanos que sostienen que esto permitirá que “se multipliquen los hechos de violencia institucional”. A su vez, esta resolución entra en abierta contradicción con las leyes argentinas que, más allá de su carácter represivo, no contemplan ni la pena de muerte ni mucho menos las ejecuciones sumarias.

Continuando con los reclamos, algunos bloques de la oposición como el Kirchnerismo y  el Movimiento Evita presentaron por separado dos proyectos de ley para “regular” el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad. En diálogo con AM 350, el diputado Agustín Rossi señaló que se trata de “un proyecto de ley contra la reglamentación de Bullrich sobre las Fuerzas de Seguridad”. Por su lado, el proyecto de ley que presentó el jefe del Bloque Movimiento Evita, Leonardo Grosso, propone derogar la Resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad.

Aunque la resolución no plantea ninguna cuestión respecto a cómo actuarán las fuerzas en las manifestaciones, no se tiene que ser suspicaz para imaginar lo que puede significar esta resolución ejecutada por un Estado que está acostumbrado a reprimir al pueblo argentino.